Idiota en Brobdingnag

Tiene gracia que los creadores del Guiñol tardaran años en hacerle uno a Gaspar Llamazares y que en cambio la CIA haya sido tan perspicaz como para advertir a la población mundial de que la pinta de Bin Laden debe ser muy parecida a la del Diputado de IU. Tanto, que han utilizado su pelo y su frente (cual playmobil) para realizar un retrato robot del terrorista. Aunque pueda tener su guasa, la anécdota merece algunas reflexiones, algunas más serias, otras más jocosas.

Lo primero que uno piensa, al enterarse de la noticia, es que la CIA es más chapucera (aún) de lo que muchos imaginábamos. Con semejante tecnología e imaginación no es de extrañar que convencieran a Aznar de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Otra reflexión obligada es la que nos lleva a discutir si la CIA ha dejado en manos del becario que sabía utilizar el Photoshop un asunto que para ellos debe ser de vida o muerte –más de lo segundo que de lo primero-, o si las intención de EEUU tenía una carga más perniciosa. Del mismo modo que Disney construyó a Scar –el malo del Rey León- con rasgos similares a Jomeini y salía con una media luna, la CIA funde en unos mismos rasgos a los enemigos del Imperio: el enemigo comunista y el terrorista islámico. Y de paso se advierte al mundo, de que cualquier diputado con un mínimo tinte magenta, puede sentirse vigilado, pues su foto puede la puede tener la CIA.

Sea como fuere el gesto de Estados Unidos es una ofensa, no ya para los votantes de I.U. sino para el conjunto de la ciudadanía, pues es inaceptable que la imagen de un diputado pueda servir de base para difundir por todo el planeta una idea del terrorista más buscado. Y no es una cuestión menor, ni un exceso de quienes hoy nos rasgamos las vestiduras: todos hemos tenido un profesor, un amigo o un jefe, al que apodábamos “botones sacarino”, “el mortadelo” o “Quijote”, e incluso, aunque suene a chufla, “el Bin Laden”. Yo tuve un profesor de literatura que recordaba al Gran Wyoming, y un director con cierto parecido al árbitro Andújar Oliver. Pero una cosa es caricaturizar o  realizar un retrato robot cuyo parecido recuerda mucho a alguien y otra, utilizar rasgos ajenos y situar a un político en la diana.

Un reputado “bloggero” sugería que la SGAE nunca está cuando se la necesita. No habría dejado de tener su gracia que, además de reclamar una investigación al Gobierno de Estados Unidos, la sociedad de autores hubiera pretendido cobrar derechos por utilizar “por la jeta” el rostro de Llamazares.

Y, amén de que Gaspar Llamazares ha salido más en dos días por esta anécdota que por sus iniciativas; o que por haber sido premiado como el mejor orador del Congreso, cabe preguntarse por el grado de psicosis que afecta a Estados Unidos en particular, y por ende al mundo en general; o por quién saca partido al negocio de un miedo que EEUU retroalimenta cíclicamente.

Hasta hace poco, viajar a Estado Unidos suponía tener que aguantar el mal humor de su policía de fronteras, o rellenar cuestionarios estúpidos y ofensivos. Ahora, las bromas sobre la posibilidad de ser deportado, o confundido con un terrorista, dejan de ser bromas para convertirse en pesadillas de cierta entidad. Y sino, que levante la mano el primero que viajaría a EEUU pareciéndose mínimanente a “Osama Bin Llamazares”.

gorka@gorkaesparza.com

Muchas han sido las valoraciones y muy diferentes los titulares que ha suscitado la fusión entre Caja Duero y Caja España. Hay quienes han puesto el acento en los logros alcanzados en pro de una Caja única, otros han preferido subrayar el papel de la actual Caja Duero –y por ende, de Salamanca- en la futura Caja, y sin embargo otros han subrayado los aspectos más negativos, centrando su ira especialmente en los políticos.

Si las Cajas se han visto obligadas a fusionarse ahora, no es sino por imperativo de una crisis económica y financiera, que de nuevo, genera como resultado la acumulación de capitales –y de poder- en unas pocas manos; en el caso Español, parece previsible que en una década no queden más de tres o cuatro entidades bancarias, y no es fácil aventurar si alguna de ellas será una Caja de Ahorros con el carácter público y social que actualmente tienen.

Sin embargo, quienes critican el actual modelo de fusión, centran su ira en los políticos y la política: “es un proceso politizado”, “se han fusionado por orden de las direcciones autonómicas de los partidos”, “sólo piensan en sus intereses y no en los ciudadanos”. Y, aun compartiendo alguna de las críticas –pues no en vano, el proceso lo ha dirigido un PP que no me genera confianza alguna, escoltado por un PSOE sin discurso ni estrategia-, creo que el argumento es erróneo en su raíz. Porque precisamente, el proceso ha sido el contrario. La negación de la Polity, ha supuesto poner en manos del mercado, de los intereses y de los acontecimientos de la crisis financiera, un debate que debió abordarse en sede parlamentaria. Si los políticos hubieran discutido el modelo financiero de Castilla y León, cada cuál hubiera puesto sobre la mesa los intereses que le mueven a optar por un modelo u otro de Caja: UPL, en la misma línea que UPS o que Julián Lanzarote o De la Riva, hubieran señalado que “da igual el modelo mientras la sede de la nueva Caja esté en mi terruño”. Otros hubieran hablado de la necesidad de contar con una Caja autonómica para fortalecer la Comunidad Autónoma en detrimento de las provincias –entidades caciquiles que necesariamente hay que superar-, y algunos, hubiéramos planteado que, o se habla de banca pública o el debate está viciado.

Pero tal y como ya he señalado, el debate se ha llevado en secreto, y con cartas marcadas por los intereses del mercado y por los de la ciudadanía –pues la defensa legítima de ella se realiza a través de sus representantes en las Cortes-.

Y por si alguien tenía dudas, la víctima de que no haya discusión política, es la política pública, pues es evidente que –si bien los representantes políticos no garantizan una efectiva representación de los ciudadanos- lo que es seguro es que sin ellos, lo que suele prevalecer son otros intereses: los del mercado, los del terruño, los de Fermoso –que aún sigue mendigando la presidencia de la Caja-, los del consejero de administración de turno que venderá su voto por otros cuatro años cobrando dietas.

Me parece digno de alabar el esfuerzo de algunos ciudadanos por hacer valer el modelo público de Caja frente a este modelo de fusión, difícilmente definible. Pero yerran si ponen en la diana a todos los políticos, pues  precisamente el resultado de hoy obedece al interés de muchos (incluido el partido que gobierna), en que las decisiones sobre el mercado y las finanzas, no se adopten en el ámbito de lo político, no vaya a ser que a alguien se le ocurra mentar lo público.

No cabe duda de que un Estado Democrático y de Derecho debe ser humanitario y garantista hasta con quienes desprecian las libertades, los derechos y las garantías de los demás. Por ello, en España no cabe la pena de muerte, más allá de cualquier argumentación que en contra de la misma pueda llegar a esgrimirse.

Al margen del grado de cumplimiento de España en lo que a las garantías penales y penitenciarias se refiere, uno de nuestros mayores problemas estriba en la profunda brecha existente entre la percepción que tiene la ciudadanía sobre nuestro derecho penal y nuestro sistema penitenciario, y el espíritu de nuestras leyes. Puede resumirse que, mientras que en el segundo subyace cierta vocación “avanzada” (aún con matices claramente discutibles) fruto de la llegada de la democracia, nuestra ciudadanía no ha asumido lo que sus representantes políticos aprueban en el ámbito jurídico-penal.

Ya he comentado en varios artículos que cada vez que se produce un atentado, una violación, o la excarcelación de un preso (por haber cumplido condena), la sociedad se solivianta reclamando un modelo de “justicia” que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico: cadena perpetua, aplicación del derecho penal a menores de 14 años (niños), pena de muerte.

El pasado miércoles, miles de personas salieron en Bilbao a manifestarse en contra de la dispersión de presos de ETA por cárceles de toda la geografía española, o lo que es lo mismo, a reclamar derechos de los reclusos. Esa manifestación ha levantado ampollas entre ciudadanos y víctimas, que descartan la posibilidad de que un preso condenado por terrorismo, pueda tener derechos, y menos aún, que el Estado tenga que mostrar clemencia, o ser humanitario: “a mí ellos no me dieron oportunidad alguna, le sentenciaron y le ejecutaron. ¿Por qué hemos de ser clementes nosotros?”.

Pero desgraciadamente las cosas no son tan sencillas. En primer lugar porque el Estado debe actuar conforme a derecho y porque no es lo mismo ejecutar una pena que llevar a cabo una venganza. En segundo lugar, porque la condena a pena de prisión es en sí un castigo suficiente como para que se imponga una nueva condena consistente en un desarraigo añadido al que produce la reclusión en sí; y porque además, el Estado sólo puede castigar a quien ha sido condenado, y no a sus familiares, que son al fin y al cabo quienes sienten y padecen las consecuencias de la dispersión penitenciaria.

Aunque la jurisprudencia es reiterada al amparar la dispersión en la necesidad del Estado de prevenir una reorganización de ETA en las cárceles, y en que la reinserción y reeducación del preso (que son los fines de la pena) se llevan a cabo en las condiciones que determine el Estado –en las cárceles que quiera y pueda-, es censurable que no se haya tenido una altura de miras, y una capacidad de “pedagogía social” como para hacer entender que, amén de ser humanitario y democrático, acabar con la dispersión legitima al estado contra la intolerancia de los asesinos, y hace fuerte a la sociedad contra los pocos que defienden la barbarie. Y en este sentido, hay un argumento que en mi opinión resulta definitivo: si con los terroristas no se negocia, su régimen penitenciario no puede ser utilizado ni como premio, ni como elemento de castigo: deben cumplir sus penas, en las mismas condiciones que el resto de reclusos.

Hacía falta ya una Huelga. O por lo menos, una movilización importante que ejemplificara que hay alguien ahí, al otro lado de la crisis, en la izquierda.

Miles de ciudadanos se concentraron el sábado en Madrid para reclamar una salida a la crisis por la izquierda con un fin, que más que político, es de justicia: los desmanes de un sistema –injusto per se-, no pueden pagarlos los ciudadanos. Y a partir de ahí, los matices: “regular el mercado”, “cambiar el modelo productivo”, “romper el sistema”… Puede que falten ideas, aunque las 12 propuestas aportadas por lo sindicatos son suficientes como para que Zapatero salga de una parálisis que la gente no sabe si interpretar como la desidia propia de quien ya lleva más de cuatro años en La Moncloa, o como la incapacidad que azota a los dirigentes cuando se ven desbordados.

Castilla y León aportó un importantísimo número de ciudadanos a esa manifestación. Y no sólo por la cercanía a Madrid. En esta comunidad los elementos de la crisis se elevan a la categoría de hipérbole. 200.000 parados, población envejecida, jóvenes que huyen despavoridos ante una administración autonómica que no hace nada –más allá de oposición al Gobierno de Zapatero-, y una oposición –la socialista- que a pesar de estar encantada de conocerse, es incapaz de presentarse como alternativa: porque no puede (Óscar López), porque no sabe o no le dejan (Pablos) o porque no quiere (Emeterio Álvarez). Son sólo algunos ejemplos.

Sea como fuere, los nueve autocares de Salamanca, se unieron a otros tantos llegados desde las otras ocho provincias de Castilla y León, en una movilización que amén de contagiar de optimismo, sirvió para recordar que –aun sin el PSOE- la izquierda puede y debe hacer algo más que lamerse las heridas.

No estoy capacitado para saber si los Sindicatos tienen capacidad, fuerza y margen de maniobra como para convocar una Huelga General que parte de la ciudadanía  –entre la que me incluyo- reclama. Pero sí estoy seguro de que una respuesta, organizada, desde la izquierda, era imprescindible, en un momento en que los abusones no han dejado de abusar, y los tímidos –quienes gobiernan o votaron a quienes gobiernan- no aciertan a proponer nada más que “algo de control” o de invocar “buena fe” a una patronal que hace tiempo que abandonó su apariencia pacata para situarse, junto a los bancos en posiciones predadoras y ultramontanas. Ni siquiera se encomiendan –como en la legislatura anterior- al Boletín Oficial del Estado. Ya no hablan en un lenguaje desenfadado, con permanentes guiños a quienes siendo de izquierdas, no desconfiaban de ellos. Ahora, aguardan a base de confusión, de globo sonda, de supuestas divergencias en el seno del Consejo de Ministros, el momento propicio para establecer medidas que, con la excusa de crear empleo, abran la puerta a una flexibilización que más de un dirigente socialista cree que se está demorando demasiado.

Tal vez sea cierto que el diálogo social dependa  únicamente de sindicatos y empresarios, pero parece evidente que el Gobierno, algo tiene que hacer, además de observar de brazos cruzados. Una Huelga General tal vez le saque del letargo.

Conmemorar el aniversario de la Constitución es dar rienda suelta a esa creatividad que tanto apasiona al español medio. Ya no basta con el tradicional “besamanos”, criticado por elitista y alejado del pueblo, un documental de Victoria Prego, una tv moovie ensalzando al Rey (aún más), o una jornada de puertas abiertas, en que lo mismo se enseña el hemiciclo del Palacio del Congreso, que un salón de Plenos destartalado de un municipio cualquiera. Ahora se estila que las celebrities se conviertan en altavoces del consenso constitucional y que un estudiante de colegio de curas deje claro que pagar por estudiar no garantiza la buena educación. Su “morcilla” en contra de los sindicatos, combinada con su atuendo upeydero generaron gracia y vergüenza ajena a partes iguales, tanto como ver en la bancada azul –por aquello de que el poder se reservará siempre a las élites -a las actrices de Física y Química o a la cantante Nuria Fergó. Claro, que cualquiera pudo sentir congoja y temor al ver a Florentino Pérez ejerciendo de Diputado, puesto que si al PP se le ocurriera presentarlo como alternativa al desdibujado Zapatero, probablemente el susto sería generalizado y mi oportunidad de pedir asilo político en Portugal, servida en bandeja de plata.

La lectura mecanizada de artículos del texto constitucional son el mecanismo perfecto para que se evidencie que en nuestra democracia, sólo hay espacio para el discurso oficial y que, en el Congreso, es difícil hacer reflexionar a la gente sobre el calado de artículos que consagran el derecho a tener una vivienda, el derecho a la integridad moral o la libertad sin distinción de nacionalidad (aunque esto sea papel mojado tras las vergonzantes leyes de extranjerías aprobadas por el PSOE y el PP).

Sea como fuere, este aniversario de la Constitución ha contado con la calma propia de los años en que la conmemoración no es “redonda”; y además ninguno de los grandes partidos está en condiciones de introducir en la agenda nuevas ocurrencias. Zapatero, porque consumió su saldo de insensatez hace tiempo: no habrá lugar a propuestas de reforma parcial del texto (ni para discapacitados, ni para para la Infanta Leonor, ni para introducir en el texto el nombre de las Comunidades Autónomas). En el PP, Rajoy decidió exiliarse en Canarias, donde todo transcurre con más calma, mientras Aguirre ejercía de lideresa en su territorio, pero sin grandes exabruptos toda vez que los escándalos de su gestapillo (Manuel Cobo dixit) le han dejado contra las cuerdas entre su propia gente. No obstante, la Presidenta de Madrid ya tuvo su minuto de gloria en el Congreso, defendiendo una Proposición de Ley que no buscaba otra cosa que eso, asumir el protagonismo político contra los nacionalistas dejando en evidencia a su líder.

Y ahí, afuera, la realidad: la de los miles de trabajadores que pagan una crisis que no generaron, la de unos bancos que niegan crédito a quienes han visto cumplido su sueño de adquirir una vivienda de protección, porque fiaron en su día lo que no tenían y ahora no transfieren el dinero que el gobierno les ha “regalado” para tapar agujeros. Y la de unos Sindicatos que han  convocado en Madrid, el 12 de diciembre, una movilización a modo de primer aviso para una posible Huelga General. Y la ocasión merecerá la pena, porque igual, en Madrid, un mes después, se encuentran Cayo Lara y Mercedes Elena.