Aborto y Patriotismo Constitucional

La entrada en vigor de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva no ha estado exenta de polémica. Como no podía ser de otra manera, la (mayoría) de las comunidades autónomas donde el PP detenta el poder autonómico han decido boicotearla. Más allá de que el aborto y la salud sexual sean objeto de sempiternas polémicas y generen miedo, lo cierto es que tras la “insumisión” de algunas comunidades autónomas subyacen problemas políticos de gran calado.

 

Porque cuando una Comunidad Autónoma boicotea una norma jurídica de obligado cumplimiento para todos, lo que está haciendo es poner en jaque todo el entramado institucional que configura el actual sistema político español. Dicho de otro modo, los patriotas constitucionales abdican de su sagrado texto cuando no gobierna quien les conviene. Negarse a aplicar una Ley por mucho que se quiera dudar (o sembrar dudas) de su constitucionalidad, supone negar la legitimidad del Parlamento. Si hasta ahora, estábamos acostumbrados a que la legitimidad de los políticos y de las instituciones se pusieran en solfa con argumentos y ficciones elaboradas desde el prisma del nacionalismo periférico ahora, el Partido Popular, hace gala de su doble vara de medir, y aprovechando que el aborto suscita debate social y moral, se opone a una Ley porque, en síntesis, no la han votado ellos. “O mandamos nosotros, o la Ley no vale”, nos vienen a decir, poniendo la moral y la constitución como excusa.

 

La negativa del PP a aplicar la Ley, supone de nuevo, crear mayor desigualdad entre ciudadanos. En este caso, puede ocurrir que una mujer que reside en Almería, cuente con la posibilidad de ejercer unos derechos que en Murcia le serán negados. Y ello con independencia de su creencia, religión e incluso afinidad política. Eso es lo de menos. Si es andaluza, el Gobierno acatará la Ley. Si es murciana, tendrá que recurrir a la medicina privada.

 

Y finalmente, como suele ocurrir detrás de los grandilocuentes titulares, subyacen otras verdades. Como la de uno médicos que trabajando y cobrando del erario público, recitan de carrerilla su derecho a objetar, mientras en clínicas privadas hacen el agosto. No estaría de más que los reparos que oponen al derecho a abortar de una mujer, se los plantearan a sí mismos, cuando realizan intervenciones que generan pingües beneficios pero conllevan riesgos para la salud del paciente.

 

Que la Iglesia sea presa de sus miedos es algo respetable. Que el Partido Popular ejerza de conservador y vote en contra del aborto porque lo considera una aberración, responde a su lógica política. Pero resulta inadmisible que las administraciones sean insumisas a la Ley, que el Clero ejerza una influencia desmedida en el poder político y que las instituciones se patrimonialicen con descaro por los partidos mientras las consecuencias las sufren, como siempre, las pacientes (mujeres, por supuesto).

 

Lástima que en tiempos de fervor patrio, los derechos constitucionales reciban patadas con tanto descaro.