Idiota en Brobdingnag

Las sucesivas leyes de suelo y de urbanismo han contemplado la exigencia de que los Ayuntamientos cuenten con un Patrimonio Municipal de Suelo, de tal forma que  aquéllos deben diferenciar sus bienes e inventario general, de su Patrimonio de Suelo, pues éste se concibe con una finalidad específica: intervenir en el mercado de suelo.

Para poder paliar los graves problemas que en España han surgido en torno al derecho a la vivienda, derivados de la especulación de suelo, la Ley ha previsto que los Ayuntamientos cuenten con un instrumento de intervención, un patrimonio de suelo que puede ser utilizando para construir viviendas de protección, o para que al venderlo o permutarlo, los Ayuntamientos puedan invertir en la adquisición de nuevos solares o en dotaciones públicas, todo ello con una exigencia: el interés social.

Sin embargo, y como quiera que los Ayuntamientos en España arrastran graves problemas de suficiencia financiera –porque a penas perciben un 18% de los recursos del Estado- los Ayuntamientos suelen recurrir a la perniciosa fórmula de financiación de realizar convenios urbanísticos –agotada legal y materialmente- o de vender su suelo, pues esta vía es rápida (en teoría) y ventajosa: de la nada surge una cantidad de dinero suficiente para construir un polideportivo, mejorar las aceras o las carreteras; inversiones todas ellas que además de vistosas, generan réditos electorales.

La fórmula de los convenios urbanísticos demostró no haber solucionado problema alguno, pues las inversiones que se obtenían por cambiar la calificación de suelo terminaban por ser insuficientes para atender a la población que con el tiempo se asentaba en las nuevas zonas residenciales, y porque además, los Ayuntamientos terminaban por delegar el planeamiento, en intereses privados. Las ciudades crecieron allí donde interesó a los promotores y cuando éstos decidieron, relegando a los ciudadanos a la categoría de posibles compradores. De nuevo, la lógica del mercado.

Hoy el “maná” de los Ayuntamientos ha quedado reducido a la venta de suelo público, con importantes consecuencias. La primera, la rápida dilapidación del principal recurso con el que debiera contar todo municipio: el suelo. Sin él, no es que no se pueda intervenir en el mercado, corregir la especulación o hacer vivienda protegida, sino que no se puede realizar inversión alguna. Sin solares no hay centros de día, ni pistas deportivas, ni centros educativos. Sin suelo no hay inversiones. La segunda consecuencia, es la desviación de los fines sociales a los que se destina el dinero obtenido por enajenar el suelo de todos. Mientras que algunos Ayuntamientos pueden presumir de una política de vivienda ejemplar que ha redundado en la capacidad de emancipación de los jóvenes, la mayoría malvende su suelo, realiza permutas escandalosas como la de La Salle en Salamanca, u opta por ejecutar inversiones ajenas a la política de vivienda o a la acción urbanizadora. El paradigma es Santa Marta.

El problema no sólo es de legitimidad democrática, en tanto que se hipoteca a sucesivas corporaciones y generaciones de votantes que no participan de esas decisiones, sino del propio futuro: cada vez son más los Ayuntamientos que carecen de suelo de su propiedad, lo que limita sobremanera su actuación política, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos, a los que se ocultó que los presupuestos “inmaculados” no eran sino pan para hoy, y desierto para mañana.