Idiota en Brobdingnag

Muchas han sido las valoraciones y muy diferentes los titulares que ha suscitado la fusión entre Caja Duero y Caja España. Hay quienes han puesto el acento en los logros alcanzados en pro de una Caja única, otros han preferido subrayar el papel de la actual Caja Duero –y por ende, de Salamanca- en la futura Caja, y sin embargo otros han subrayado los aspectos más negativos, centrando su ira especialmente en los políticos.

Si las Cajas se han visto obligadas a fusionarse ahora, no es sino por imperativo de una crisis económica y financiera, que de nuevo, genera como resultado la acumulación de capitales –y de poder- en unas pocas manos; en el caso Español, parece previsible que en una década no queden más de tres o cuatro entidades bancarias, y no es fácil aventurar si alguna de ellas será una Caja de Ahorros con el carácter público y social que actualmente tienen.

Sin embargo, quienes critican el actual modelo de fusión, centran su ira en los políticos y la política: “es un proceso politizado”, “se han fusionado por orden de las direcciones autonómicas de los partidos”, “sólo piensan en sus intereses y no en los ciudadanos”. Y, aun compartiendo alguna de las críticas –pues no en vano, el proceso lo ha dirigido un PP que no me genera confianza alguna, escoltado por un PSOE sin discurso ni estrategia-, creo que el argumento es erróneo en su raíz. Porque precisamente, el proceso ha sido el contrario. La negación de la Polity, ha supuesto poner en manos del mercado, de los intereses y de los acontecimientos de la crisis financiera, un debate que debió abordarse en sede parlamentaria. Si los políticos hubieran discutido el modelo financiero de Castilla y León, cada cuál hubiera puesto sobre la mesa los intereses que le mueven a optar por un modelo u otro de Caja: UPL, en la misma línea que UPS o que Julián Lanzarote o De la Riva, hubieran señalado que “da igual el modelo mientras la sede de la nueva Caja esté en mi terruño”. Otros hubieran hablado de la necesidad de contar con una Caja autonómica para fortalecer la Comunidad Autónoma en detrimento de las provincias –entidades caciquiles que necesariamente hay que superar-, y algunos, hubiéramos planteado que, o se habla de banca pública o el debate está viciado.

Pero tal y como ya he señalado, el debate se ha llevado en secreto, y con cartas marcadas por los intereses del mercado y por los de la ciudadanía –pues la defensa legítima de ella se realiza a través de sus representantes en las Cortes-.

Y por si alguien tenía dudas, la víctima de que no haya discusión política, es la política pública, pues es evidente que –si bien los representantes políticos no garantizan una efectiva representación de los ciudadanos- lo que es seguro es que sin ellos, lo que suele prevalecer son otros intereses: los del mercado, los del terruño, los de Fermoso –que aún sigue mendigando la presidencia de la Caja-, los del consejero de administración de turno que venderá su voto por otros cuatro años cobrando dietas.

Me parece digno de alabar el esfuerzo de algunos ciudadanos por hacer valer el modelo público de Caja frente a este modelo de fusión, difícilmente definible. Pero yerran si ponen en la diana a todos los políticos, pues  precisamente el resultado de hoy obedece al interés de muchos (incluido el partido que gobierna), en que las decisiones sobre el mercado y las finanzas, no se adopten en el ámbito de lo político, no vaya a ser que a alguien se le ocurra mentar lo público.