Cuando la democracia se paga… carísima
En plena crisis hay ciudadanos que dirigen su ira contra la clase política. Aunque en ocasiones, el desprecio hacia lo político y la política suele servir de paraguas para quienes, en esencia, no entienden el sistema democrático; muchas veces las críticas no están exentas de razón, sobre todo porque algunos gestos –que valen más que mil palabras-, no suelen ser entendidos por la ciudadanía, o lo que es peor, son comprendidos a la perfección, generando desafección y cabreo en la ciudadanía.
Que la democracia es costosa es algo que no merece ser ni analizado. Al contrario que en Roma, donde no había no había paro (pero sí esclavos), o que en el régimen del Tercer Reich, donde se ahorraron el salario de políticos, la democracia tiene importantes costes: mantener las instituciones, los grupos políticos, las retribuciones de los cargos públicos, e incluso a los sindicatos, las asociaciones o al defensor del pueblo. Todo ello supone un esfuerzo (cuantitativo) importante. Además, en la medida en que muchas decisiones requieren de mayorías cualificadas, o en que los ciudadanos tienen derecho de audiencia, los costes de decisión también son importantes, ya que el proceso de toma de decisiones es dilatado. En cualquier caso, la obligación de quienes participan del sistema democrático es hacer pedagogía, explicar que los costes de la democracia fueron asumidos, aprobados y votados por todos, y en el día a día, tratar de demostrar que esos costes son una buena inversión.
Pero todos esos principios se quiebran cuando la política –en cualquiera de sus versiones- se convierte en un modus vivendi, o cuando un cargo público representa una amalgama de estulticia, soberbia e ineptitud. Es lo que ocurre cuando un alcalde del Alfoz –por poner un ejemplo- considera una pérdida de tiempo reflexionar sobre la conveniencia de fijar los salarios de los cargos públicos en función de criterios objetivos y preestablecidos, como el número de habitantes de la población en la que se va a gobernar. Todo ello en un Pleno en el que, al mismo tiempo, suprime ayudas a las madres solteras –ese es el compromiso del PP con la familia-, o en el que sube a los vecinos un 66% el recibo de la basura tras encargar un estudio riguroso de costes a la empresa concesionaria –con El Vecino presente, para bendecir la operación-.
Otro ejemplo: ¿cómo explicarle al ciudadano el coste de un Pleno en el que 25 de los 27 ediles no intervienen y para colmo ni siquiera votan porque han delegado en el portavoz del grupo semejante facultad? El ciudadano, con razón, reflexiona de la siguiente forma: si van a hablar y no a escuchar, si los vecinos les molestan –que para eso los Plenos son a las 8:30-, si los ediles no intervienen, y los portavoces votan en nombre del resto… ¿por qué no reducir el Pleno a dos concejales con voto ponderado? Me sobran argumentos para sostener el carácter solemne y soberano del Pleno, pero cada vez me cuesta más defender a una clase política de la que me siento ajeno.
Lo mismo sucede con las Cajas, donde defender los intereses de la Caja, de Salamanca o de Castilla y León, están pensando en defender sus asientos de Consejeros, pues no en vano, las dietas a percibir no son cosa menor. Y aviso para navegantes, los trileros no sólo son los políticos, y si no, que alguien se pregunte cuál está siendo el papel de algunos empresarios.
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