Qué impuestos para qué Sector Público

Si la semana pasada mencionaba tres elementos que distorsionan el debate sobre la reforma fiscal en España, hoy quiero hacer mención a la notoria ausencia de un presupuesto que necesariamente debe abordase antes de cualquier debate relacionado con la reforma fiscal: qué tamaño debe tener el sector público, qué papel debe jugar y como se pretenden gestionar en España las políticas públicas. Porque no tiene ningún sentido calificar de izquierdas o derechas un instrumento de recaudación si antes no se aclara qué objetivo se persigue con el mismo.

 

Al igual que detrás de la cicatera insistencia del PP en recortar impuestos está la intención de recortar (aún más) el gasto social y sobre todo, de poner en manos del mercado la prestación de determinados servicios, una imposición progresiva no serviría de nada si lo recaudado se dilapida en medidas poco o nada redistributivas como regalar 2500 euros a las familias que tengan un hijo (sin distinguir niveles de renta). Sirvan esos dos ejemplos para demostrar que, además de la interesada confusión que PP y PSOE han generado en la ciudadanía en torno a los impuestos, se utiliza el instrumento como marco de la controversia política, para no discutir sobre el fin.

 

En el ámbito municipal el panorama fiscal no es nada halagüeño. De una parte, el papel de lo público es cada vez más testimonial. De otra, y en sentido contrario, las finanzas sostienen un entramado de directivos intermedios, fundaciones, asesores cuyas funciones no son claras pero sí muy costosas. Y para más inri, las empresas privatizadas, las concesionarias de servicios y quienes gestionan servicios “externalizados” tienen garantizado su margen de ganancia, con independencia de la crisis, del precio del barril de Brent o de si sube o baja el IPC.

 

Añádanse a ello tres rasgos que terminan de desdibujar la política fiscal de ámbito municipal, subyugándola al servicio de determinados intereses económicos: la deuda de dimensión mayúscula que arrastran los Ayuntamientos, una presión fiscal muy inferior a la media europea y ridícula si se compara con los países nórdicos, y la tendencia de disminuir la presión fiscal directa (la que se impone en función de la capacidad de pago) a fuer de rebajar –en plena crisis- el presupuesto de áreas con importante gasto social al tiempo que se suben tasas (que pagamos todos por igual) y los precios públicos.

 

Por todo ello, cuando alguien les hable de impuestos sin mencionar el modelo de sector público, sigan mi consejo: desconfíen, o mejor, huyan.