Idiota en Brobdingnag

En “La memoria insumisa” (Espasa 1999), Sartorius y Alfaya señalan que “por el lenguaje comienzan a perderse las batallas de ideas”. Y no les falta razón. Del análisis de la polémica suscitada por la modificación de la Ley del Aborto se desprende claramente que, lejos de estar cerca de conquistas y avances, de nuevo volvemos a discutir sobre aspectos que se tenían por superados hace veinte años, y lo que es peor, con un lenguaje más agresivo y retrógrado que el impuesto por el pensamiento más puritano de entonces. Como muestra un botón: la génesis de la polémica está en la modificación de la Ley de despenalización del aborto. Dicho de otra manera, el debate parte del Código Penal y no tanto del ejercicio de un derecho de la mujer.

Pese a que durante la década de los 70 –los 80 en España-  se consiguió en Europa despenalizar conductas moralmente reprochadas por la Iglesia, de nuevo, y de manera interesada, se somete a la sociedad a la tensión de una posible “fractura”. La dogmática jurídico-penal y el interés social quedan subordinados al debate impuesto por el dogma de la fe (de algunos que, muchos o pocos, no son todos en ningún caso).

La Iglesia está utilizando todos sus resortes, no para defender lo que en su concepción es el derecho a la vida –dependiente- sino para conservar un resquicio moral sobre el Código Penal: abortar, un pecado para los católicos, debe ser un delito para el conjunto de la sociedad. Añádanse a ello tres ideas: primera, el empeño de la Iglesia por reducir la sexualidad (y el matrimonio) a la procreación (bonum prolis); segunda,, el pánico que genera en la Iglesia que el Estado de Derecho ampare un marco en el que el hombre (y en este caso, especialmente la mujer) decida sobre los designios de la vida, de manera libre y racional; y tercera, el rechazo de los católicos a que en caso de colisión de intereses a proteger por el Estado, se prioricen los de la vida independiente –con capacidad de decisión- sobre los del ser dependiente (en caso de que científicamente y en función del plazo de que se trate, quede acreditado que éste exista realmente).

Pero el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), no debe ceñirse sólo a argumentos científicos (cuándo existe vida dependiente y por tanto, obligación del Estado de velar por los intereses de la misma) sino que éstos deben ponderarse con los derechos de la mujer, desde una perspectiva de género. Para ello convendría dejar de lado mitos como la equiparación de la I.V.E al asesinato, consideraciones sobre el supuesto egoísmo de la mujer, o lo que es peor, concepciones paternalistas que de una parte, consideran a la mujer incapaz de decidir (más aún si es menor) y de otra, ofrecen ayuda económica a quien quizás renunció a ser madre porque no era su opción.

Tras el acalorado debate surge de nuevo la idea de la frustración: porque el Gobierno enmascara tras un tímido avance una nueva ola penalizadora escalofriante. Porque el Estado sigue sin encontrar su sitio cuando los cofrades rompen una pacífica convivencia entre el recogimiento religioso y la manifestación cultural de interés turístico internacional (las procesiones), y porque la Iglesia sigue mostrándose ajena a la injusticia social de un mundo golpeado por la crisis económica y mediambiental, con su empeño por luchar contra las libertades civiles e incluso la salud pública, para defender una moral que si revisaran, tal vez les reportara mayores beneficios.