En un artículo publicado en El País, el catedrático de Derecho Penal, Francisco Javier Álvarez García, reflexionaba sobre la caza del Juez Baltasar Garzón. El Juez va a caer… y lo cierto, es que no parece descabellado pensar que España pueda llegar a convertirse en un país, que en lugar de condenar el franquismo, y abrir sus fosas comunes, acabe condenando a un Juez en un proceso iniciado por la Falange.
De Garzón se han dicho y afirmado tantas cosas que daría para todo un serial, e incluso, para un curso acelerado de Derecho Procesal. Todo el mundo ha discrepado o aplaudido alguno de sus Autos con mayor o menor fervor, sin que eso signifique que los haya leído, que tenga la más mínima destreza jurídica como para poner en tela de juicio sus decisiones, o que sea imparcial. Se le cuestionó con la misma intensidad cuando sus investigaciones apuntaron a los GAL que cuando trató de extraditar a Pinochet. La misma animadversión generó en el PSOE cuando decidió apuntar a Vera y Barrionuevo, que años después al tirar de la correa del PP.
Uno escucha críticas contra el “autoritarismo” del Juez y no sabe si se trata de la compungida Jone Goirizelaia, cada vez que un batasuno sale del Juzgado nº 5 camino de Soto del Real, del “apoderado” de un narco o de un dirigente de Génova 13, hablando del caso Gürtel.
Lo grave no es sólo que se esté poniendo en tela de juicio la honestidad del Juez Garzón, o que “se lo quieran llevar por delante”, sino que todos sepamos, que lo que se pretende, lejos de defender la independencia del poder Judicial o el imperio de la Ley, es quitar de en medio a un Instructor incómodo. Si el Juez se cansa y tira la toalla –cosa que parece harto improbable-, perdería el fuero ante el Supremo y las querellas contra él se ventilarían en los Tribunales Superiores de Justicia.No son pocos los que vaticinan que en ese caso, sus causas podrían desvanecerse pues no es la primera vez que procesados en la Audiencia Nacional instrumentalizan el Supremo para “cargarse” al Juez de turno, o a un Instructor “que va por libre” en un determinado sumario. La personación de Correa como “perjudicado” es un buen ejemplo de la “italianización” de nuestro sistema político y judicial.
Que Garzón vaya a ser el primer procesado en un juicio relacionado con el franquismo, dice tanto –o tan poco- de nuestra transición democrática, como que la Falange tenga hoy capacidad para acabar con Garzón. Un Juez que no mira para otro lado cuando se le trasladan hechos delictivos, ya los cometa un narcotraficante, un terrorista, o el Secretario de Estado de Seguridad; ya esté implicado el Ministro de Interior en España, por el secuestro de un francés, o un Jefe de Estado por los asesinatos cometidos en Argentina o Chile, antes –claro está- de que a PSOE y PP se les ocurriera mutilar la jurisdicción de la Audiencia Nacional, para que ningún Juez “nos meta en jaleos”.
Si cuando pretendió procesar y extraditar al criminal Pinochet, media España se convulsionó, debió intuir que al abrir una causa contra el Franquismo, los camisas viejasno se limitarían a convocar manifestaciones en la Plaza de Oriente.
Tal vez Garzón no acertara en su forma de proceder contra el franquismo, mas no me cabe duda, de que su probable inhabilitación, nos sitúa en la vanguardia de la ignominia.
De nuevo una manifestación convocada por los padres de una víctima (violada, apaleada y quemada viva, que todo hay que decirlo), y de nuevo un vendaval de titulares contra la Ley Penal del Menor, por dejar “sin castigo” a los delincuentes, o por permitir que “se vayan de rositas”.
La manifestación convocada por Asociación Sandra Palo, reunió en Madrid a centenares de personas, entre las que se encontraban familiares de la niña Marta del Castillo –cuyo cuerpo sigue sin aparecer-. No acudió, pese a su compromiso inicial, Esperanza Aguirre, pero el efecto mediático fue (casi) el mismo.
Que nadie piense que los ríos de tinta que de nuevo ha hecho correr la contestada Ley del Menor tienen nada que ver con lo que “el Rafita” haya hecho o haya dejado de hacer. El tal Rafita, que tenía 14 años cuando participó en el horrible asesinato de Sandra Palo, ya ha cumplido la medida de 5 años de internamiento en un centro (parecido a una cárcel). Sus andanzas son simplemente el caldo de cultivo para quienes consideran insuficiente que un niño de entre 14 y 16 años pueda llegar a pasar internado hasta 5 años, o que un menor de entre 16 y 18, pueda estar “a la sombra” hasta 8 años. Necesitan más, y ese más se traduce en declarar responsables penales de sus actos a niños de 12 años. Y aún más, que al cumplir los 18, no sigan en un entorno con vocación reeducativa, sino que ingresen en un centro penitenciario. Y por si ello fuera poco, que las penas por violaciones y asesinatos, se eleven del tope máximo de 8 años de internamiento (más los de libertad vigilada) hasta los 12.
Que sea la madre de Sandra Palo quien lo diga, es comprensible: se trata de una mujer a la que le han destrozado la vida, y a la que lo único que le consuela es luchar por lo que ella considera Justicia. Lo relevante es que el discurso de las personas que ayer se manifestaban, sea jaleado por “responsables” políticos como Rosa Díez, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre o Mariano Rajoy, afiliados ambos, a un partido, que culminó la legislatura del viaje al centro con la Ley del Menor.
Frente al calor de la ira, y el “populismo punitivo”, conviene reflexionar en torno a dos aspectos. Primero: si lo que se quiere es una ley punitiva, venganza y años de cárcel para los menores ¿por qué reclamar el cambio de la Ley Penal del Menor y no directamente la aplicación del código penal a los niños? Segundo: puede que haya a quien le parezca que una medida de 5 años de internamiento para quien tiene 14, o de 8 para quien tiene entre 16 y 18, es sinónimo de irse de rositas, pero sinceramente, imponer penas mayores, sería desvirtuar el manido discurso de la reinserción en el que todo el mundo dice creer, pero que todo el mundo insiste en derogar, amén de desconocer las consecuencias que tiene para un menor semejante periodo de internamiento. La vida, que a los adultos se nos consume sin darnos cuenta a medida que cumplimos años, se paraliza como una tortura para el menor encerrado.
Es probable que El Rafita vuelva a delinquir. O tal vez no. Pero bastará con que un niño, de 11 o 12 años, cometa una monstruosidad para que España se sume a la tendencia europea, y rebaje la edad penal. La Ley Penal del Menor, endurecida ya por el PSOE en el 2006 hasta llegar a desvirtuarla, está sentenciada. Y si no, al tiempo.
En este mismo espacio*, hace dos días, el escritor Antonio Civantos, en 40 líneas, nos recordó la sentencia de Unamuno: ¡que inventen ellos! Y no me refiero a la ingeniosa alusión del Sr. Civantos, “al oro que nos afanó Negrín” (sic) –teoría desacreditada hace ya 30 años por Ángel Viñas-, sino a la mezcla de gracia y excitación que a nuestro ilustre compañero, le ha generado que la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído (que una cosa es quitarle el Doña porque es “sociata”, o porque es joven, y otra diferente referirse a ella como “la Bibi”, o “la chica de Igualdad”) haya concedido una subvención de 26.000 euros para elaborar el “Mapa de Inervación y Excitación Sexual en Clítoris y Labios Menores”. Señala el referido escritor en su artículo “La Bibi me pone” que “la Bibi debe padecer oleajes entre sus caminos, canales y puertos” y menciona de paso, su hablar “ceceante y espeso, como de cigarrera andaluza después de unos lances a la francesa”… No ha sido el único que amén de tergiversar la cuantía de la subvención otorgada (elevándola de manera malintencionada, de 26000 euros a casi un millón) ha descalificado de paso, a la Profesora Dra. Nieves Martín –del Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Complutense de Madrid- y al tiempo, al conjunto de investigadores y científicos de este país.
Porque no han sido pocos, los que al leer la palabra clítoris junto al apellido de la titular de Igualdad, han recurrido a la descalificación propia del ignorante. Así, la diputada del PP, Lourdes Méndez ha tildado de “chorrada propia de adolescente” el hecho de que la Dra. Martín haya solicitado ayuda para investigar algo que a ella –al ilustre Civantos, y a tantos otros- les debe sonar a guarrada, a sexo perverso, o a cachondeo, como al niño que en la educación infantil le dicen aquello de “caca culo pedo pis”.
Resulta indigno que en este país haya generado cientos de titulares el hecho de que se investigue un órgano -el clítoris- que tiene más de la mitad de población mundial. Resulta fácil escandalizarse con la ablación del clítoris, pero no es mucho más civilizado “lapidar intelectualmente” a quien propone investigarlo.
En cualquier caso, y siguiendo la cita de Unamuno, no creo que la polémica se deba exclusivamente a esa innata tendencia que tenemos los españoles a sentirnos orgullosos de nuestra ignorancia sino que hay un transfondo político que no conviene perder de vista. Y es que en este país, la moral (de algunos) genera reacciones de urgencia y contundencia que sirven de aviso al conjunto de la sociedad: cuando se trata de sexo (o lo que interpretan como tal) la autoridad debe ser moral y en modo alguna científica.
Desconozco si realmente, el estudio en cuestión dará resultados, si es prioritario desde el punto de vista científico, o productivo en términos económicos. Pero no me cabe ninguna duda de que nadie hubiera reaccionado así, si la subvención se hubiera destinado a estudiar las acotaciones de los prosemas, o la diversidad genética de microorganismos fitopatógenos, porque ni lo lingüístico ni lo agrario, generan rechazo como la sexualidad.
La desaforada reacción de algunos no sirve sino para constatar la necesidad de que semejante investigación se pague precisamente, con fondos un Ministerio de Igualdad, que con 26000 euros, ha conseguido de antemano, que todos podamos trazar, el mapa de la estulticia, la intransigencia y el miedo.
* Se refiere al artículo publicado el sábado, en la misma página en la que los lunes se publica esta columna.
No cabe duda de que España tiene en el terrorismo uno de sus mayores problemas, amén de una afrenta a la concepción en sí de la democracia. El terrorismo pone contra las cuerdas a los demócratas, pues exige saber canalizar la reacción cada vez que un asesino mata a una víctima, porque obliga a aplicar al terrorista las garantías democráticas que él como verdugo niega cada vez que mata a sangre fría. En medio del dolor se cae a menudo en la tentación de buscar entre los demócratas al quintacolumnista, mirando de reojo a quien repudia el terrorismo pero no lo exhibe, o a quien lo manifiesta de manera diferente –por ejemplo, sin banderas-.
Y de entre los muchos problemas que genera el terrorismo a una democracia, destaca hoy el papel que deben jugar las víctimas, silenciadas ayer y utilizadas ahora por quienes tratan de apropiarse de la legitimad que da el dolor o tener más miembros que otros, en la lista negra de los terroristas.
Del silencio y el ostracismo en el que las víctimas estaban sumidas –como si ser protagonistas de la infamia no les diera derecho a nada- se ha pasado, no ya a estudiar cuáles son sus específicas necesidades, cómo honrarlas y resarcir su dolor, sino a una veneración que ha terminado por confundirse con una interlocución equivocada. En aspectos penales, haciéndoles guiños como proponer la cadena perpetua pocos años después de haber promulgado una Ley de Cumplimiento Íntegro de las Penas; policiales, dando pábulo a campañas de desprestigio si el Ministro del Interior no es de su cuerda- y políticos, vetándose planteamientos legítimos con la excusa de no humillar a las víctimas.
Odio a ETA. Sus atentados me revuelven, me generan tristeza y espasmos de bilis a partes iguales, pero nunca he conseguido sentirme integrado en los actos que se organizan en solidaridad con las víctimas. Especialmente, de un tiempo a esta parte. Nunca he llegado a comprender que tras la muerte injustificada de una persona a la que ETA asesina para lograr un fin político, quienes se manifiestan acudan con lemas o reivindicaciones cuyos destinatarios no son los asesinos. No entiendo por qué hay que portar enseñas o por qué es necesario honrar la Constitución para rechazar el terrorismo. Da la impresión de que lejos de construir colectivamente un sentimiento de solidaridad de entre todos para con todos, a algunos se nos invite a huir a la primera de cambio. Ya no basta con decir ETA No, o queremos la Paz. Hoy se exigen credenciales añadidas…
No me importa que el Alcalde edite 3000 copias de un Bando para convocarnos a una concentración por las víctimas, pero no entiendo que una concentración que pretende ser masiva, se convoque a las 13:30 –para llegar a tiempo al ágape con Juan Vicente Herrera-. Me enerva que sea ahora, cuando el Alcalde decida movilizarnos, y no en tantas otras ocasiones. Me ofusca que no se aclare que la concentración tendrá lugar coincidiendo con el Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo que organiza la Universidad de la Asociación Católica de Propagandísticas y que nos cuesta 200.000 euros del erario público. Y me entristece que Lanzarote escoja la Plaza Mayor para honrar a las víctimas de la barbarie y el terror, tan cerca de un medallón que se resiste a quitar y que ofende e indigna a tantas otras víctimas de las que él sigue rehuyendo hablar.
Las sucesivas leyes de suelo y de urbanismo han contemplado la exigencia de que los Ayuntamientos cuenten con un Patrimonio Municipal de Suelo, de tal forma queaquéllos deben diferenciar sus bienes e inventario general, de su Patrimonio de Suelo, pues éste se concibe con una finalidad específica: intervenir en el mercado de suelo.
Para poder paliar los graves problemas que en España han surgido en torno al derecho a la vivienda, derivados de la especulación de suelo, la Ley ha previsto que los Ayuntamientos cuenten con un instrumento de intervención, un patrimonio de suelo que puede ser utilizando para construir viviendas de protección, o para que al venderlo o permutarlo, los Ayuntamientos puedan invertir en la adquisición de nuevos solares o en dotaciones públicas, todo ello con una exigencia: el interés social.
Sin embargo, y como quiera que los Ayuntamientos en España arrastran graves problemas de suficiencia financiera –porque a penas perciben un 18% de los recursos del Estado- los Ayuntamientos suelen recurrir a la perniciosa fórmula de financiación de realizar convenios urbanísticos –agotada legal y materialmente- o de vender su suelo, pues esta vía es rápida (en teoría) y ventajosa: de la nada surge una cantidad de dinero suficiente para construir un polideportivo, mejorar las aceras o las carreteras; inversiones todas ellas que además de vistosas, generan réditos electorales.
La fórmula de los convenios urbanísticos demostró no haber solucionado problema alguno, pues las inversiones que se obtenían por cambiar la calificación de suelo terminaban por ser insuficientes para atender a la población que con el tiempo se asentaba en las nuevas zonas residenciales, y porque además, los Ayuntamientos terminaban por delegar el planeamiento, en intereses privados. Las ciudades crecieron allí donde interesó a los promotores y cuando éstos decidieron, relegando a los ciudadanos a la categoría de posibles compradores. De nuevo, la lógica del mercado.
Hoy el “maná” de los Ayuntamientos ha quedado reducido a la venta de suelo público, con importantes consecuencias. La primera, la rápida dilapidación del principal recurso con el que debiera contar todo municipio: el suelo. Sin él, no es que no se pueda intervenir en el mercado, corregir la especulación o hacer vivienda protegida, sino que no se puede realizar inversión alguna. Sin solares no hay centros de día, ni pistas deportivas, ni centros educativos. Sin suelo no hay inversiones. La segunda consecuencia, es la desviación de los fines sociales a los que se destina el dinero obtenido por enajenar el suelo de todos. Mientras que algunos Ayuntamientos pueden presumir de una política de vivienda ejemplar que ha redundado en la capacidad de emancipación de los jóvenes, la mayoría malvende su suelo, realiza permutas escandalosas como la de La Salle en Salamanca, u opta por ejecutar inversiones ajenas a la política de vivienda o a la acción urbanizadora. El paradigma es Santa Marta.
El problema no sólo es de legitimidad democrática, en tanto que se hipoteca a sucesivas corporaciones y generaciones de votantes que no participan de esas decisiones, sino del propio futuro: cada vez son más los Ayuntamientos que carecen de suelo de su propiedad, lo que limita sobremanera su actuación política, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos, a los que se ocultó que los presupuestos “inmaculados” no eran sino pan para hoy, y desierto para mañana.
De nuevo una manifestación convocada por los padres de una víctima (violada, apaleada y quemada viva, que todo hay que decirlo), y de nuevo un 
Las sucesivas leyes de suelo y de urbanismo han contemplado la exigencia de que los Ayuntamientos cuenten con un Patrimonio Municipal de Suelo, de tal forma que
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