8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora (apellido que intencionadamente se ha censurado por instituciones y algunos colectivos, más empeñados en la foto que en la efeméride); 19:00, Plaza de España: un joven de 16 años tumba a su novia de un tortazo. Sólo una joven interviene, mientra decenas de personas esperan la llegada del autobús o que el semáforo se abra. La gente observa, pero nadie hace o dice algo, censuran la actitud “alocada” de la joven que ha intervenido “en la pelea”, en una reacción fría, ajena a cualquier valor relacionado con la responsabilidad ciudadana, como el rico que al salir de misa ni siquiera repara en la presencia del mendigo que le abre la puerta y le pide limosna. La policía local aparece pero lo hace para dirigir el tráfico. Hay atasco.
Atasco, o tumulto, porque pese a que en España hay 4 millones de parados, de los cuales más de 30.000 son salmantinos, un conocido centro comercial se ha adelantado a Esperanza Aguirre y su rebelión, celebrando el día sin IVA. Y eso significa que la ciudad, lejos de estar constreñida por la crisis, expresa con nitidez los logros culturales del neoliberalismo: atasco sin precedentes para acceder al “ágora” del siglo XXI en busca de Televisores de Plasma de dimensiones que superan incluso el maletero de los todoterreno (de los potentados) o las monovolumen (de aquellos a quienes los bancos han hecho creer que son clase media).
Aunque la derecha no gobierne (ahora) es fácil percibir hasta qué punto ha calado su discurso, logrando una involución cultural difícilmente reversible. El centro comercial es la perfecta síntesis de cómo es la sociedad, de cómo interaccionan los ciudadanos.
Sólo así puede entenderse que en un país con la tasa de desempleo que tiene España no salga a la luz la verdadera crisis social, o dicho de otra manera, que este país, y sobre todo, esta provincia, no estén “patas arriba”. Son muchos quienes critican que los sindicatos no convoquen una Huelga General, pero tratar de buscar sólo un hereje, o de individualizar la responsabilidad de la parsimonia generalizada ante una situación crítica para muchas familias, es errar en el diagnóstico y dar respuestas equivocadas.
Individualizar significa hacernos partícipes del problema e imponernos las soluciones. “Esto sólo lo arreglamos entre todos”: intervención del Rey para poner de acuerdo al resto, con una Patronal que plantea un contrato sin derechos y un Gobierno que habla de pensionazo como ejemplo de que toca apretarse el cinturón. Últimamente basta con escuchar al insensato ZP, para evaluar los triunfos de la derecha: prime time televisivo, Zapatero justifica la subida de un impuesto indirecto para que miles de familias perciban 425 euros de ayuda: “apología del cheque”. Vuelve el tatcherismo.
Individualizar significa desestructurar la respuesta colectiva, introducir la desconfianza hacia partidos y sindicatos, conducir al asociacionismohacia “el consenso”, cuando la situación necesariamente requiere de conflicto. El mercado controla los medios, y estos escogen a los protagonistas en detrimento de los antagonistas del sistema.
Urbanización y centro comercial. Monovolumen y Gol TV. Plasma y móvil de última generación… El paraíso a cambio de un pequeño esfuerzo: no hablar de lo público y lo colectivo, de educación, sanidad, cultura y ocio público, de pensiones, de urbanismo democrático y del derecho a decidir además de votar. Casi nada.
En un artículo publicado en El País, el catedrático de Derecho Penal, Francisco Javier Álvarez García, reflexionaba sobre la caza del Juez Baltasar Garzón. El Juez va a caer… y lo cierto, es que no parece descabellado pensar que España pueda llegar a convertirse en un país, que en lugar de condenar el franquismo, y abrir sus fosas comunes, acabe condenando a un Juez en un proceso iniciado por la Falange.
De Garzón se han dicho y afirmado tantas cosas que daría para todo un serial, e incluso, para un curso acelerado de Derecho Procesal. Todo el mundo ha discrepado o aplaudido alguno de sus Autos con mayor o menor fervor, sin que eso signifique que los haya leído, que tenga la más mínima destreza jurídica como para poner en tela de juicio sus decisiones, o que sea imparcial. Se le cuestionó con la misma intensidad cuando sus investigaciones apuntaron a los GAL que cuando trató de extraditar a Pinochet. La misma animadversión generó en el PSOE cuando decidió apuntar a Vera y Barrionuevo, que años después al tirar de la correa del PP.
Uno escucha críticas contra el “autoritarismo” del Juez y no sabe si se trata de la compungida Jone Goirizelaia, cada vez que un batasuno sale del Juzgado nº 5 camino de Soto del Real, del “apoderado” de un narco o de un dirigente de Génova 13, hablando del caso Gürtel.
Lo grave no es sólo que se esté poniendo en tela de juicio la honestidad del Juez Garzón, o que “se lo quieran llevar por delante”, sino que todos sepamos, que lo que se pretende, lejos de defender la independencia del poder Judicial o el imperio de la Ley, es quitar de en medio a un Instructor incómodo. Si el Juez se cansa y tira la toalla –cosa que parece harto improbable-, perdería el fuero ante el Supremo y las querellas contra él se ventilarían en los Tribunales Superiores de Justicia.No son pocos los que vaticinan que en ese caso, sus causas podrían desvanecerse pues no es la primera vez que procesados en la Audiencia Nacional instrumentalizan el Supremo para “cargarse” al Juez de turno, o a un Instructor “que va por libre” en un determinado sumario. La personación de Correa como “perjudicado” es un buen ejemplo de la “italianización” de nuestro sistema político y judicial.
Que Garzón vaya a ser el primer procesado en un juicio relacionado con el franquismo, dice tanto –o tan poco- de nuestra transición democrática, como que la Falange tenga hoy capacidad para acabar con Garzón. Un Juez que no mira para otro lado cuando se le trasladan hechos delictivos, ya los cometa un narcotraficante, un terrorista, o el Secretario de Estado de Seguridad; ya esté implicado el Ministro de Interior en España, por el secuestro de un francés, o un Jefe de Estado por los asesinatos cometidos en Argentina o Chile, antes –claro está- de que a PSOE y PP se les ocurriera mutilar la jurisdicción de la Audiencia Nacional, para que ningún Juez “nos meta en jaleos”.
Si cuando pretendió procesar y extraditar al criminal Pinochet, media España se convulsionó, debió intuir que al abrir una causa contra el Franquismo, los camisas viejasno se limitarían a convocar manifestaciones en la Plaza de Oriente.
Tal vez Garzón no acertara en su forma de proceder contra el franquismo, mas no me cabe duda, de que su probable inhabilitación, nos sitúa en la vanguardia de la ignominia.
De nuevo una manifestación convocada por los padres de una víctima (violada, apaleada y quemada viva, que todo hay que decirlo), y de nuevo un vendaval de titulares contra la Ley Penal del Menor, por dejar “sin castigo” a los delincuentes, o por permitir que “se vayan de rositas”.
La manifestación convocada por Asociación Sandra Palo, reunió en Madrid a centenares de personas, entre las que se encontraban familiares de la niña Marta del Castillo –cuyo cuerpo sigue sin aparecer-. No acudió, pese a su compromiso inicial, Esperanza Aguirre, pero el efecto mediático fue (casi) el mismo.
Que nadie piense que los ríos de tinta que de nuevo ha hecho correr la contestada Ley del Menor tienen nada que ver con lo que “el Rafita” haya hecho o haya dejado de hacer. El tal Rafita, que tenía 14 años cuando participó en el horrible asesinato de Sandra Palo, ya ha cumplido la medida de 5 años de internamiento en un centro (parecido a una cárcel). Sus andanzas son simplemente el caldo de cultivo para quienes consideran insuficiente que un niño de entre 14 y 16 años pueda llegar a pasar internado hasta 5 años, o que un menor de entre 16 y 18, pueda estar “a la sombra” hasta 8 años. Necesitan más, y ese más se traduce en declarar responsables penales de sus actos a niños de 12 años. Y aún más, que al cumplir los 18, no sigan en un entorno con vocación reeducativa, sino que ingresen en un centro penitenciario. Y por si ello fuera poco, que las penas por violaciones y asesinatos, se eleven del tope máximo de 8 años de internamiento (más los de libertad vigilada) hasta los 12.
Que sea la madre de Sandra Palo quien lo diga, es comprensible: se trata de una mujer a la que le han destrozado la vida, y a la que lo único que le consuela es luchar por lo que ella considera Justicia. Lo relevante es que el discurso de las personas que ayer se manifestaban, sea jaleado por “responsables” políticos como Rosa Díez, el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre o Mariano Rajoy, afiliados ambos, a un partido, que culminó la legislatura del viaje al centro con la Ley del Menor.
Frente al calor de la ira, y el “populismo punitivo”, conviene reflexionar en torno a dos aspectos. Primero: si lo que se quiere es una ley punitiva, venganza y años de cárcel para los menores ¿por qué reclamar el cambio de la Ley Penal del Menor y no directamente la aplicación del código penal a los niños? Segundo: puede que haya a quien le parezca que una medida de 5 años de internamiento para quien tiene 14, o de 8 para quien tiene entre 16 y 18, es sinónimo de irse de rositas, pero sinceramente, imponer penas mayores, sería desvirtuar el manido discurso de la reinserción en el que todo el mundo dice creer, pero que todo el mundo insiste en derogar, amén de desconocer las consecuencias que tiene para un menor semejante periodo de internamiento. La vida, que a los adultos se nos consume sin darnos cuenta a medida que cumplimos años, se paraliza como una tortura para el menor encerrado.
Es probable que El Rafita vuelva a delinquir. O tal vez no. Pero bastará con que un niño, de 11 o 12 años, cometa una monstruosidad para que España se sume a la tendencia europea, y rebaje la edad penal. La Ley Penal del Menor, endurecida ya por el PSOE en el 2006 hasta llegar a desvirtuarla, está sentenciada. Y si no, al tiempo.
En este mismo espacio*, hace dos días, el escritor Antonio Civantos, en 40 líneas, nos recordó la sentencia de Unamuno: ¡que inventen ellos! Y no me refiero a la ingeniosa alusión del Sr. Civantos, “al oro que nos afanó Negrín” (sic) –teoría desacreditada hace ya 30 años por Ángel Viñas-, sino a la mezcla de gracia y excitación que a nuestro ilustre compañero, le ha generado que la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído (que una cosa es quitarle el Doña porque es “sociata”, o porque es joven, y otra diferente referirse a ella como “la Bibi”, o “la chica de Igualdad”) haya concedido una subvención de 26.000 euros para elaborar el “Mapa de Inervación y Excitación Sexual en Clítoris y Labios Menores”. Señala el referido escritor en su artículo “La Bibi me pone” que “la Bibi debe padecer oleajes entre sus caminos, canales y puertos” y menciona de paso, su hablar “ceceante y espeso, como de cigarrera andaluza después de unos lances a la francesa”… No ha sido el único que amén de tergiversar la cuantía de la subvención otorgada (elevándola de manera malintencionada, de 26000 euros a casi un millón) ha descalificado de paso, a la Profesora Dra. Nieves Martín –del Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Complutense de Madrid- y al tiempo, al conjunto de investigadores y científicos de este país.
Porque no han sido pocos, los que al leer la palabra clítoris junto al apellido de la titular de Igualdad, han recurrido a la descalificación propia del ignorante. Así, la diputada del PP, Lourdes Méndez ha tildado de “chorrada propia de adolescente” el hecho de que la Dra. Martín haya solicitado ayuda para investigar algo que a ella –al ilustre Civantos, y a tantos otros- les debe sonar a guarrada, a sexo perverso, o a cachondeo, como al niño que en la educación infantil le dicen aquello de “caca culo pedo pis”.
Resulta indigno que en este país haya generado cientos de titulares el hecho de que se investigue un órgano -el clítoris- que tiene más de la mitad de población mundial. Resulta fácil escandalizarse con la ablación del clítoris, pero no es mucho más civilizado “lapidar intelectualmente” a quien propone investigarlo.
En cualquier caso, y siguiendo la cita de Unamuno, no creo que la polémica se deba exclusivamente a esa innata tendencia que tenemos los españoles a sentirnos orgullosos de nuestra ignorancia sino que hay un transfondo político que no conviene perder de vista. Y es que en este país, la moral (de algunos) genera reacciones de urgencia y contundencia que sirven de aviso al conjunto de la sociedad: cuando se trata de sexo (o lo que interpretan como tal) la autoridad debe ser moral y en modo alguna científica.
Desconozco si realmente, el estudio en cuestión dará resultados, si es prioritario desde el punto de vista científico, o productivo en términos económicos. Pero no me cabe ninguna duda de que nadie hubiera reaccionado así, si la subvención se hubiera destinado a estudiar las acotaciones de los prosemas, o la diversidad genética de microorganismos fitopatógenos, porque ni lo lingüístico ni lo agrario, generan rechazo como la sexualidad.
La desaforada reacción de algunos no sirve sino para constatar la necesidad de que semejante investigación se pague precisamente, con fondos un Ministerio de Igualdad, que con 26000 euros, ha conseguido de antemano, que todos podamos trazar, el mapa de la estulticia, la intransigencia y el miedo.
* Se refiere al artículo publicado el sábado, en la misma página en la que los lunes se publica esta columna.
No cabe duda de que España tiene en el terrorismo uno de sus mayores problemas, amén de una afrenta a la concepción en sí de la democracia. El terrorismo pone contra las cuerdas a los demócratas, pues exige saber canalizar la reacción cada vez que un asesino mata a una víctima, porque obliga a aplicar al terrorista las garantías democráticas que él como verdugo niega cada vez que mata a sangre fría. En medio del dolor se cae a menudo en la tentación de buscar entre los demócratas al quintacolumnista, mirando de reojo a quien repudia el terrorismo pero no lo exhibe, o a quien lo manifiesta de manera diferente –por ejemplo, sin banderas-.
Y de entre los muchos problemas que genera el terrorismo a una democracia, destaca hoy el papel que deben jugar las víctimas, silenciadas ayer y utilizadas ahora por quienes tratan de apropiarse de la legitimad que da el dolor o tener más miembros que otros, en la lista negra de los terroristas.
Del silencio y el ostracismo en el que las víctimas estaban sumidas –como si ser protagonistas de la infamia no les diera derecho a nada- se ha pasado, no ya a estudiar cuáles son sus específicas necesidades, cómo honrarlas y resarcir su dolor, sino a una veneración que ha terminado por confundirse con una interlocución equivocada. En aspectos penales, haciéndoles guiños como proponer la cadena perpetua pocos años después de haber promulgado una Ley de Cumplimiento Íntegro de las Penas; policiales, dando pábulo a campañas de desprestigio si el Ministro del Interior no es de su cuerda- y políticos, vetándose planteamientos legítimos con la excusa de no humillar a las víctimas.
Odio a ETA. Sus atentados me revuelven, me generan tristeza y espasmos de bilis a partes iguales, pero nunca he conseguido sentirme integrado en los actos que se organizan en solidaridad con las víctimas. Especialmente, de un tiempo a esta parte. Nunca he llegado a comprender que tras la muerte injustificada de una persona a la que ETA asesina para lograr un fin político, quienes se manifiestan acudan con lemas o reivindicaciones cuyos destinatarios no son los asesinos. No entiendo por qué hay que portar enseñas o por qué es necesario honrar la Constitución para rechazar el terrorismo. Da la impresión de que lejos de construir colectivamente un sentimiento de solidaridad de entre todos para con todos, a algunos se nos invite a huir a la primera de cambio. Ya no basta con decir ETA No, o queremos la Paz. Hoy se exigen credenciales añadidas…
No me importa que el Alcalde edite 3000 copias de un Bando para convocarnos a una concentración por las víctimas, pero no entiendo que una concentración que pretende ser masiva, se convoque a las 13:30 –para llegar a tiempo al ágape con Juan Vicente Herrera-. Me enerva que sea ahora, cuando el Alcalde decida movilizarnos, y no en tantas otras ocasiones. Me ofusca que no se aclare que la concentración tendrá lugar coincidiendo con el Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo que organiza la Universidad de la Asociación Católica de Propagandísticas y que nos cuesta 200.000 euros del erario público. Y me entristece que Lanzarote escoja la Plaza Mayor para honrar a las víctimas de la barbarie y el terror, tan cerca de un medallón que se resiste a quitar y que ofende e indigna a tantas otras víctimas de las que él sigue rehuyendo hablar.
De nuevo una manifestación convocada por los padres de una víctima (violada, apaleada y quemada viva, que todo hay que decirlo), y de nuevo un 
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