Que ETA anuncie una tregua y toda la actualidad política se concentre en torno a su comunicado no es sino un síntoma de que –en apariencia- los tiempos los sigue manejando ETA y que por lo tanto, la política sigue subordinada a los dictados de una organización criminal que enmascara su actuación como “violencia política”.
Pero las apariencias pueden ser engañosas y los pronunciamientos categóricos están reñidos con la necesaria prudencia que requiere la racionalización política de un estigma como el que el terrorismo representa para el Estado de Derecho.
Lo que todos añoramos es el cese definitivo de la violencia, la rendición de ETA, la entrega de las armas, y la petición de perdón a las víctimas… y a ser posible sin que el Estado haga concesión alguna, y además, sin que los que hasta ayer lamentaban pero no condenaban vuelvan a las instituciones. Pero, por mucho que la derrota policial de ETA sea relativamente cercana, resulta quimérico pensar que el fin de ETA sea posible dejando la política al margen.
Y, precisamente porque lo prioritario es la soberanía de la política, es necesario determinar cuáles son las líneas rojas que un Estado de Derecho debe mantener infranqueables.
En mi opinión, la actual tregua debe servir únicamente para que la sociedad y el Ministerio del Interior -por qué no decirlo- puedan verificar qué hay de cierto en los últimos movimientos en la izquierda abertzale. Quizás yo sea un ingenuo pero sospecho que por primera vez ETA va dos pasos por detrás de su marca política. Hasta ahora, lo sangrante eran los atentados de ETA y lo intolerable era ver a sus marionetas interpretando un guión en las instituciones, o en la calle. Ahora, sospecho, la presión social contra la violencia produce asfixia en una organización diezmada y con fugas importantes.
Quizás lo relevante no sea si ETA se va a rendir porque no tiene apoyo político, porque se ve cercada policialmente o porque ha desistido de sus objetivos, sino el hecho de que por primera vez la izquierda abertzale se esté atreviendo a independizarse de la violencia, a exigir protagonismo y soberanía para la política. Aquí no se dirime la bondad de una organización perversa, ni la moralidad de su decisión unilateral de tregua, sino la trascendencia de su comunicado y las posibilidades de un triunfo definitivo de la paz.
A partir de ahí, como decía, es importante que el Estado no altere su guión, pues aún atruena en nuestros oídos el bombazo de la T-4 y su negra humareda en plena tregua indefinida induce pesimismo e impone cautela. Si ETA quiere entablar una negociación más vale que delegue en los políticos y si estos aspiran a volver a las instituciones, parece obligado que demuestren su voluntad de respetar las reglas de juego de la democracia.
A partir de ahí solo hace falta que los unos tengan voluntad de paz, y que para algún otro, ese hipotético escenario, no suponga una inconveniencia electoral.
No es lo mismo crear empleo que desinflar la lista del paro. La última propuesta del PSOE aprobada en el Senado no es sino el culmen de una reforma laboral que preveía abaratar el despido y ahora requiere de un alivio en el coste del desempleo. Sólo desde esta óptica puede entenderse que el PSOE recupere una fórmula ensayada toscamente por el ínclitoAznar en 2002: forzar a los parados a aceptar ofertas de empleo o de formación.
El problema del desempleo no es (sólo) un problema de falta de formación, es algo mucho más complejo y urde su raíz en la propia esencia de la idea capitalista y nuestro colmatado y precario modelo productivo.
De una parte, porque en épocas de bonanza económica se incentivó el abandono de la etapa formativa en aras de empleos de escasa o ninguna formación pero con sueldos atractivos para los más jóvenes o los menos formados: frente al aburrido sistema escolar el mercado laboral se ofrecía como paraíso terrenal en forma de salario mileurista. Ahora que la crisis se está cebando con aquellos que abandonaron la formación básica, la pregunta es obligada: ¿la formación que ofrece la Administración (y el entramado de empresas y entidades sociales que viven de los cursos de desempleo) es la adecuada para quienes optaron por los cantos de sirena empresariales frente a la educación obligatoria o la formación profesional? Cualquier respuesta rigurosa habrá de ser negativa.
De otra, porque nunca una generación como la de Naranjito acumuló tanto título de Licenciado, Máster, doble titulación y cursos especializados. Sin embargo, el éxodo de universitarios que huye en busca de un empleo acorde a su formación es tan preocupante como el de personas resignadas a aceptar empleos malpagados y sin derechos. ¿Qué tiene que ocurrir para que el mercado ofrezca puestos de trabajo acordes a semejante currículo? ¿De verdad la solución pasa por presionar a este tipo de desempleados para que vuelvan a las aulas a formarse?
Con la reforma laboral, el Gobierno pretende aliviar sus problemas y no los de un tejido productivo endémico y endeble. La última ocurrencia del Ministerio de Trabajo tiene que ver mucho con una concepción del desempleado como un vago que pretende vivir subsidiado. Así, no es extraño que al Gobierno le haya dado por introducir una modificación que pretende entretener al parado que jamás encontrará empleo, ahuyentar al que pensaba apuntarse al Servicio Público de Empleo y tener controlado a quien ejerce un derecho como lo es el cobro del desempleo.
Una patronal que sólo contrata si le es barato despedir, y que sólo arriesga si hay subvención mediante, necesita al tiempo una masa de trabajadores que anteponga su necesidad de comer a sus derechos, y de un gobierno cómplice. Lo primero es consustancial al sistema capitalista (ya nos lo enseñó Marx hace dos siglos). A lo segundo, se viene aplicando con fervor desde hace tiempo el Partido Socialista Obrero Español.
Cuando un ciudadano se pregunta por qué el agua del grifo sabe a rayos y el edil `del ramo´ contesta culpando a la oposición de mentir, tres son las evidencias. Primera, el problema de la calidad del agua en Salamanca es más grave de lo que imaginamos. Segunda, el mencionado político no tiene ni pajolera idea de cómo resolverlo y tercera, definitivamente, nos toman por perfectos imbéciles.
Que Emilio Arroita no sea un intelectual es algo que debiera carecer de trascendencia política. Frente a los tecnócratas y quienes desconfían de la política, muchos defendemos la igualdad de oportunidades en el acceso a las Instituciones democráticas. Y ello porque en un Ayuntamiento más allá de los políticos de turno –o perpetuos, como Lanzarote- trabajan técnicos muy cualificados, seleccionados conforme a los principios de capacidad y mérito, que acompañan e informan a quienes los ciudadanos han puesto de políticos refrendando su programa. Y más allá de todo ello, debe haber un entramado cívico-ciudadano que contribuya a mejorar la gestión pública y en definitiva, la calidad de vida. Por eso, decía, lo significativo no es la capacidad de discurrir del político al que han puesto al frente del área de medioambiente, sino que éste caiga en la osadía de pensar que si alguien como él está capacitado para dirigir el medioambiente, es porque el resto somos tontitos.
Porque más allá de que Dios no llevase a la criatura por la senda del Nobel, la rueda de prensa ofrecida por Arroita sirvió una vez más para desacreditar a los políticos y generar desconfianza en los ciudadanos. Pudo encargar un análisis independiente y no lo hizo. Pudo dar un ultimátum a la concesionaria, siquiera como gesto a la galería, y optó por escurrir el bulto. `Líbreme Dios de la crítica que de la autocrítica ya me libro yo´. Y tras cargar contra el PSOE, culpar al Gobierno, y abroncar a los salmantinos por su pituitaria exquisita, marchose a elaborar futuras disertaciones.
Dijo el empresario: <<el agua es potable>>. Y las masas se agolparon en los ultramarinos para hacer acopio de agua mineral. Aqualia gestiona ahora lo que antes fue un servicio público. Este dato, la gestión indirecta del agua ha pasado desapercibido en el marasmo de críticas que los concejales de uno y otro partido se han vertido. Quizás porque en esencia, ambos comparten la gestión privada cuando ahí reside el quiz de la controvertida cuestión. Porque nada convierte en mejores gestores per se a los políticos del PP o del PSOE. Lo significativo, y por ende relevante, es que cuando la gestión del agua era pública, el ciudadano tenía cuanto menos, derecho al cabreo, y sabía que la responsabilidad era del político. Desde que la empresa gestiona el agua, todo parece ser perfecto, no hay lugar a la crítica y quien quiera ejercer sus derechos, habrá de perseverar en los procelosos mundos del derecho administrativo: que si la empresa, que si la Confederación del Duero, que si el Ayuntamiento, la Junta o el Gobierno… nadie sabe a qué puerta llamar, aunque sólo sea para llorar. Y mientras, Aqualia a cobrar e irse de rositas.
José de Echegaray dijo a los 83 años que no podía morirse porque para escribir su Enciclopedia de la Física Matemática necesitaría al menos 25 años. Por las mismas, cesar ahora a Arroita sería un crimen. Sólo deben restar unos 24 años para que alcance a darnos una explicación creíble de por qué el agua huele mal y sabe peor.
Allá por el año 2002, el Presidente Aznar se sentía invulnerable hasta el punto de compartir pies sobre mesilla con el amigo americano. Las cosas se le fueron torciendo cuando menospreció una convocatoria de Huelga General. Para evitar quemarse en un Debate de Estado de la Nación, y como hubiera hecho Nerón, pero con más sofisticación, echó al fuego a medio Gobierno, movió a Aguirre del Senado hacia la Puerta del Sol, y mandó a su denostado Gallardón rumbo a la Plaza de la Villa. Luego vendría el Prestige, la corrupción balear, la guerra de Irak, y más tarde, el dedazo para nombrar a Rajoy candidato, el 11M, y el cataclismo electoral.
Zapatero aprende rápido. Como hacía Aznar cuando le venían mal dadas, retrasó el Debate del Estado de la Nación hasta el tórrido verano, y ahora, para que nadie señale sus pésimos augurios electorales, juega en Madrid al mus y al ajedrez, olvidando que tras cada órdago y cada movimiento de peón, están los problemas de la gente.
Leo asombrado que Zapatero suspendió su reunión con Tomás Gómez, Secretario General del PSM, para lograr -horas más tarde- un encuentro secreto. El PSOE repite hasta la saciedad dos máximas: “no importan las encuestas sino remontar la crisis” y “ante todo, democracia”. Pero de sus hechos se colige precisamente lo contrario: una (supuesta) encuesta interna ha centrado el serial de un verano en el que no se quiere hablar de paro, crisis, ni huelga general; y las primarias a las que se ve abocado el PSOE en Madrid, se han intentado evitar a toda costa desde Moncloa.
Pero el problema que Tomás Gómez le ha causado a Zapatero tiene más aristas y entronca con la crisis de los partidos y la calidad de la democracia. No hay ninguna diferencia entre lo que el PSOE criticaba a Aznar -el dedazo para elegir a Rajoy- y la actitud de un Zapatero esperando la rendición de Tomás Gómez, al que él mismo sacó hace tres años de su plácida alcaldía de Parla para encomendarle la misión de derrotar a Aguirre. Al igual que hacía entonces el PP, las decisiones de partido se adoptan desde Moncloa, confundiendo una vez más lo institucional y lo partidista.
El PSOE queda de nuevo, reducido a una maquinaria electoral donde los militantes no importan y lo relevante es permanecer en el poder. Si el PSOE está dispuesto a quemar a su Secretario General por una encuesta, poco puede esperarse de su candidata en caso de derrota. Que el PSOE construya su presente a golpe de encuesta es grave, pero lo dramático vendrá después, si en las elecciones su candidata no da los resultados previstos. ¿Quién hará entonces oposición a Aguirre? El PSOE no.
Finalmente la crisis del PSOE para elegir candidato pone de relieve un problema consustancial a la existencia de los partidos políticos. De una parte, los militantes consideran que la decisión de elegir a un candidato u otro les corresponde a ellos mediante elecciones primarias. Otros critican las posibles interferencias y señalan que entre compañeros no puede haber confrontación más que en los órganos elegidos en un proceso asambleario, a los que otorgan en exclusiva el poder de elección. Y más allá, la sociedad achaca a los partidos que, siempre que los aparatos entran en juego, las decisiones suelen ser equivocadas. Más de uno se ha preguntado sobre las razones que llevan a un partido a “marginar” a políticos que gozan de buena opinión generalizada extramuros de los comités.
No se si el numantino Tomás Gomez hará valer su apoyo interno o primará el tirón de Trinidad Jiménez, pero de triunfar ésta, una vez más habrá quien opine que difícilmente un político puede valer para un roto y un descosido.
Corría el mes de julio de 1944, y mientras el mundo estabaasolado por la II Guerra Mundial, en un hotel rústico de New Hampshire, el Bretton Woods, los representantes de 44 países –entre los que no había ninguno del Tercer Mundo-, suscribieron los acuerdos por los que se dio carta de naturaleza al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Alí Babá y los otros 43 ladrones refundaban el capitalismo.
66 años después, y cuando pensábamos que la crisis del capitalismo había finalizado gracias al Mundial, una I.L.P. obligó al Parlament catalán a debatir sobre la prohibición de los Toros en dicha comunidad. Eso es crisis y lo demás pamplinas, debieron pensar algunos, a juzgar por la repercusión mediática de una noticia que deja a Díaz Ferrán y el ERE de Marsans como noticia a situar en página par de revistilla de verano.
Mientras tanto y en Salamanca, dirigentes políticos dialogantes y con sentido de estado como Salvador Cruz y Ángel Gamazo, y la Empresa Santher, anunciaban el `remake` charro de los acuerdos`Bretton Woods´. La finalidad: refundar el urbanismo.
En virtud del acuerdo Los Verdes retiran un recurso en el que denunciaban ilegalidades varias y la empresa Santher a cambio, destina el 15% del solar a un salón de actos de casi 300 butacas. Por su parte el Ayuntamiento da palmas con las orejas y de paso, modifica el PGOU para que un espacio cultural reconvertido en residencia de ancianos, se torne en un aparcamiento de 490 plazas, un hotel y sí, 300 butacas de teatro.
El acuerdo ha sido aplaudido por los vecinos del barrio que sufrían las consecuencias de una paralización cautelar de la que era único responsable, que nadie se engañe, la empresa Santher, pues fue quien inició el derribo con nocturnidad, alevosía y el beneplácito del Ayuntamiento. Por eso mismo, conviene dejar espacio a la crítica.
1º. El acuerdo es inasumible desde el punto de vista de la transparencia política y supone un golpe a la participación ciudadana. Nadie entiende por qué este acuerdo ha sido posible ahora y no antes; Los Verdes no explican dónde queda ahora el interés general y los los demás nos quedamos atónitos al comprobar la disposición del Ayuntamiento a modificar el Plan General como resultado de un acuerdo privado. ¿Dónde quedan los ciudadanos? ¿Qué papel juega el movimiento cívico? Ángel Gamazo y Los Verdes, dejan ahora clara su concepción de la participación ciudadana, ninguneando a quienes defendíamos un espacio público cultural, la esencia del Teatro Bretón y su historia, su valor arquitectónico, artístico y patrimonial…
2º. Si usted es vecino de la zona que sepa que no tiene derecho alguno a opinar. Los acuerdos ya están tomados y el trámite de exposición pública de la reforma del PGOU es puro formalismo. Lo que tantas veces criticábamos ahora no será un inconveniente.
3º. Llama poderosamente la atención que una fuerza política pretendidamente ecologista, refunde el modelo urbanístico con un nuevo aparcamiento en el centro de la ciudad, pero más curiosa (y menos creíble) resulta la enfervorecida defensa del acuerdo realizada por el Ángel Gamazo.
Si usted desconfía de los políticos, hace bien. Si usted ya no cree en la política como defensa del interés general, sepa que probablemente acertó. Nada como saber utilizar lo Contencioso Administrativo para ganar espacio en la política.
